UN PROGRAMA POR
Elaborado por: WWF/Adena, SEO/Birdlife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de
Existe una contradicción flagrante entre la progresiva toma de conciencia de la sociedad sobre la necesidad de solucionar la crisis ecológica en la que estamos inmersos y la actitud de la mayoría de nuestros responsables políticos que, induce o agrava sus consecuencias.
Existe una contradicción flagrante entre la progresiva toma de conciencia de la sociedad sobre la necesidad de solucionar la crisis ecológica en la que estamos inmersos y la actitud de la mayoría de nuestros responsables políticos que, en mayor o menor grado, induce o agrava sus consecuencias. Para aunar voluntades se debería empezar por salvar la enorme distancia que separa las declaraciones de intención de los partidos políticos y las medidas concretas puestas en marcha desde sus correspondientes responsabilidades de gestión, aparte de las diferencias entre sus políticas ambientales.
Por este motivo, aprovechando la celebración —el próximo 14 de marzo de 2004— de Elecciones Generales en España, este documento presenta ante la sociedad, y especialmente ante los partidos políticos, los ejes de una política ecológica básica y unos compromisos suficientemente concretos como para hacerla creíble y susceptible de ser aplicada. Ni se intentan abordar todos los problemas que aquejan al medio ambiente, ni se pretende su explicación detallada; nuestra intención se limita a presentar propuestas y solicitar a los partidos políticos su inclusión en los programas electorales o una contestación argumentada de por qué no lo hacen. El objetivo es poder valorar con más precisión la dimensión ambiental de sus programas electorales.
El desarrollo de las once áreas temáticas del texto está guiado por estos tres principios básicos:
1. El actual modelo económico es social y ambientalmente insostenible. Cualquier proyecto político responsable debe supeditar el desarrollo económico a la capacidad de los ecosistemas para renovar sus recursos naturales y asimilar las emisiones contaminantes.
2. Es necesario un compromiso de cambio de dimensiones estratégicas. Sin una firme voluntad política de replantearse el modelo socioeconómico, cualquier política ambiental quedará vacía de contenido, sea cual sea el programa que la vertebre.
3. Participación y transparencia no pueden quedarse sólo en palabras. El carácter auto controlado del nuevo modelo necesario redunda en su mayor dimensión social. La participación es un derecho y como tal debe ser reconocido a todos los agentes sociales, y la transparencia un deber y como tal exigible en todos los ámbitos de
A partir de estos principios hemos desarrollados las medidas y compromisos prioritarios que consideramos necesarios para un proyecto ecológicamente sostenible.
POLÍTICA DE ENERGÍA
RENOVAR ENERGÍAS
El cambio climático supone la constatación palpable de la insostenibilidad del actual modelo de producción y consumo. Invertir la actual progresión en las emisiones de gases de efecto invernadero es una precondición de cualquier política ambiental responsable.
No es suficiente limitarse a la ratificación del Protocolo de Kyoto mientras las decisiones estratégicas en los sectores clave implicados, como el energético, contradigan explícitamente los propios objetivos del Protocolo. Superar esa contradicción obliga a modificar en profundidad las políticas que realmente se ponen en práctica y los desarrollos presupuestarios, legislativos y fiscales que las acompañan.
Consideramos necesario un cambio de modelo energético, a partir de un nuevo marco legislativo inspirado en la planificación de la demanda, cuyo objetivo central sea la reducción del consumo a partir del ahorro y el uso eficiente de la energía. A la vez, deben articularse medidas fiscales de carácter finalista que penalicen el uso de los combustibles fósiles y la energía nuclear, y primen la comercialización y el desarrollo de la solar y otras energías renovables. Los fondos obtenidos de estos impuestos deberían ser gestionados por agentes económicos públicos con el fin de promocionar el ahorro y la eficiencia, impulsar el desarrollo de las energías renovables y articular campañas y medidas prácticas sobre el nuevo modelo energético. En todo caso, las nuevas instalaciones energéticas deben ser planificadas respetando los valores ambientales del territorio y en particular la biodiversidad y la red Natura 2000.
El otro aspecto central se refiere a la reducción del nivel de emisiones de nuestro país. Si se quiere cumplir con Kyoto, la "Estrategia Española de Cambio Climático" debería marcar pautas concretas y cuantificables en todas las políticas sectoriales, con un plan de reducción de emisiones que fije cuotas para el cumplimiento del objetivo en 2010, dentro de cada sector productivo. Tampoco se debe olvidar la regulación de las nuevas infraestructuras, condicionando su aprobación al cumplimiento de las reducciones, ni los fondos para la promoción de las medidas de
Cualquier decisión, plan y/o normativa con incidencia en el cambio climático debe ser evaluado por el Consejo Nacional del Clima; en particular, la aprobación de decisiones relativas al uso de los mecanismos de Kyoto.
COMPROMISOS PROPUESTOS:
- No conceder en el Plan de Asignación una cantidad total de derechos de emisión superior a las emisiones de 1990 incrementadas en un 15%.
- Reducir el consumo energético en un 20% para 2010 y aumentar la participación de las energías renovables en el suministro de energía primaria hasta alcanzar el 25% en 2010.
- Acometer el cierre de todas las centrales nucleares, empezando de forma inmediata por Zorita y Garoña, y establecer una moratoria a la puesta en marcha de nuevas centrales térmicas.
- Prohibir todos los gases fluoro carbonados para 2008.
- Reducir las emisiones de cada uno de los gases de efecto invernadero cumpliendo el Protocolo de Kyoto y planificar una estrategia que permita disminuir para el año 2050 en un 80% las emisiones con respecto a 1990.
POLÍTICA DE TRANSPORTES
APOSTAR POR UN NUEVO MODELO DETRANSPORTE
Durante décadas el crecimiento del transporte motorizado no ha tenido parangón con ningún indicador económico y mucho menos demográfico. Se trata de un proceso alimentado por el desmesurado crecimiento de las infraestructuras y una política que en general prioriza el transporte privado sobre el público y en particular los medios más nocivos sobre los más eficientes. Sirvan como ejemplo las subvenciones y beneficios fiscales que priman la compra de automóviles y las exenciones fiscales de los carburantes para el transporte aéreo. El desastre del Prestige ha demostrado la fragilidad y desprotección de las costas ante los impactos del trasporte marítimo internacional.
Las mareas se han convertido en autopista sin control donde los barcos viejos e inseguros transportan sustancias peligrosas a bajos precios. Como consecuencia, el sector es hoy uno de los que más derroche energético producen, el principal origen de emisiones de CO2, la causa del actual caos en la ordenación del territorio y la planificación urbanística, uno de los principales motivos de la inhabitabilidad de nuestras ciudades y, finalmente, el origen de una auténtica epidemia con unos costes sociales y económicos intolerables. Es necesario replantearse el modelo de transporte empezando por establecer una moratoria a la construcción y ampliación de vías rápidas, trenes de alta velocidad y aeropuertos, cancelando todos los proyectos no adjudicados. El siguiente paso sería invertir las prioridades, destinando el grueso del gasto público a la recuperación y mejora del ferrocarril convencional (con velocidades hasta
COMPROMISOS PROPUESTOS:
- Reducir las necesidades de transporte motorizado, disminuyendo el tráfico por carretera en un 20% para 2010.
- Modificar la actual tasa intermodal incrementando la participación del ferrocarril, tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías, hasta alcanzar un 25% del total en 2010 y frenar el crecimiento del tráfico aéreo estabilizándolo a los niveles actuales.
- Reducir al 50% la siniestralidad en la red viaria para el año 2008. Establecer como objetivo general la tolerancia 0 para los infractores.
- Adecuar las tarifas a los costes reales que tienen para la sociedad los distintos modos de transporte, priorizando el transporte colectivo.
- Incrementar la formativa nacional en seguridad de transporte marítimo y promover una normativa a nivel internacional que erradique las banderas de conveniencia.
POLÍTICA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMONO ESPECULAR CON EL FUTURO
Más allá de algunas experiencias concretas y casi siempre efímeras en espacios muy degradados (Baleares y Canarias), en general se sigue optando por un turismo de alto impacto, despilfarrador de recursos y agresivo con el medio. El sistemático incumplimiento y la reforma de
La política urbanística debe respetar el medio ambiente y conservar el suelo y el paisaje, evitando desarrollos urbanísticos difusos y corrigiendo los numerosos incumplimientos de la normativa vigente. Así mismo, la planificación urbanística debe abrirse a la participación social, impulsando mecanismos de control sobre los procesos especulativos y promoviendo el acceso universal a una vivienda digna. Por último, es necesario reorientar la actividad turística hacia un modelo contenido, diversificado y de calidad, corrigiendo los efectos producidos por el consumo y deterioro excesivos de los recursos naturales.
COMPROMISOS PROPUESTOS:
- Derogar la actual Ley del Suelo y elaborar, para 2005, una legislación más restrictiva basada en criterios de control de la especulación, desarrollo de la vivienda social y protección ambiental.
- Elaborar un Plan Nacional de Turismo, con la participación de todos los sectores implicados, que garantice un desarrollo equilibrado y de calidad.
- Poner en marcha medidas impositivas que penalicen la vivienda vacía y la segunda residencia y actúen a favor de los sectores sociales más frágiles.
- Desarrollar un Plan Estratégico para la gestión integrada de las zonas costeras.
POLÍTICA DE AGUAS
INSTAURAR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA
El Plan Hidrológico Nacional insiste en una política hidráulica basada en el impulso de la oferta, optando masivamente por unas infraestructuras que pretenden multiplicar un recurso en realidad cada vez más escaso. Lejos de prepararnos para una drástica reducción en la disponibilidad de agua a consecuencia del cambio climático, mantenemos un modelo de gestión insostenible que genera una demanda galopante y descontrolada.
Su paradigma es el trasvase del Ebro, un proyecto faraónico que tendrá graves repercusiones ambientales y sociales, tanto en la cuenca donante como en las cuencas receptoras.
El Gobierno ha convertido su puesta en marcha en una cuestión de Estado, a pesar de la imposibilidad física de realizarlo a medio plazo por falta de recursos hídricos a trasvasar y por su inviabilidad económica. Es hora ya de dejar paso a una gestión del agua basada en la contención de la demanda. Hay que impulsar el ahorro y la implantación de tecnologías industriales y domésticas que reduzcan el consumo, poner en práctica políticas de prevención de la contaminación, extender la depuración y reutilización de aguas residuales, y apoyar la conservación y regeneración de los ríos y humedales.
En definitiva, hay que instaurar una nueva cultura del agua. Instrumento imprescindible de esa gestión de la demanda es un sistema de precios diferenciados para los distintos usos del agua, que no sea un mero elemento recaudador sino un mecanismo eficaz para racionalizar el consumo, primando el ahorro y penalizando el derroche.
COMPROMISOS PROPUESTOS:
- Derogar el Plan Hidrológico Nacional y descartar definitivamente la construcción de grandes embalses y trasvases.
- Desarrollar y aplicar medidas de gestión de la demanda en cada cuenca hidrográfica, con el objetivo de alcanzar el equilibrio entre sus recursos renovables y las demandas y reducir en la próxima legislatura los consumos de cada una de ellas en un 20%.
- Recuperar todos los acuíferos sobreexplotados del país y cerrar todas las extracciones ilegales.
- Deslindar y restaurar todo el dominio público hidráulico antes de finalizar la legislatura.
- Cumplir el objetivo de depuración de todas las aguas residuales de municipios mayores de 2.000 habitantes para 2005.
POLÍTICA DE AGRICULTURA
IMPULSAR UNA AGRICULTURA SALUDABLE
Impulsadas por un sistema de subsidios que incentiva los procesos más intensivos, la agricultura y la ganadería desarrollan sus aspectos más agresivos con relación al medio a través de un uso insostenible del agua y otros recursos naturales, el creciente abuso de los agroquímicos y antibióticos, y la paulatina introducción de los cultivos modificados genéticamente, que generan una progresiva pérdida de calidad y seguridad alimentarias. Mientras tanto se agudizan la desertificación y la degradación de los ecosistemas, acelerándose la pérdida de biodiversidad.
Modificar esa tendencia implica una política de gestión del territorio que considere el papel multifuncional de ambos sectores como productores de bienes públicos, no sólo de alimentos. Para ello se debe cambiar sustancialmente
Así mismo se debe garantizar el Principio de Precaución en todas las etapas de los procesos tecnológicos y productivos, con especial incidencia en el caso de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG).
COMPROMISOS PROPUESTOS:
- Integrar criterios y parámetros ambientales y de conservación de la biodiversidad en la política y las prácticas agropecuarias, alcanzar para 2006 un horizonte del 10% de la superficie agrícola total destinada a producción ecológica y un 25% acogida a medidas agroambientales.
- Establecer una moratoria inmediata de nuevos regadíos públicos y privados, y reducir en un 25% el consumo de agua en la agricultura para 2008.
- Aprobar para 2005 un Plan de reducción del empleo de productos químicos que fije objetivos temporales y cuantitativos diferenciados para los distintos tipos de fertilizantes y pesticidas.
- Paralizar las importaciones de materias primas transgénicas, derogar las autorizaciones de las variedades de cultivo aprobadas hasta la fecha y paralizar todo proceso de aprobación de OMG.
POLÍTICA DE MARES Y PESCA
PROTEGER EL MEDIO MARINO
La gran cantidad de amenazas que pesan sobre los ecosistemas marinos y el deterioro que éstos están sufriendo no se corresponden con acciones decididas por parte de los poderes públicos. El urbanismo incontrolado en el litoral, las infraestructuras de transporte y energéticas, los vertidos de contaminantes, las extracciones mineras y petrolíferas, la pesca insostenible y el impacto creciente de las actividades de recreo, entre otras amenazas, no encuentran respuesta en una planificación adecuada de los ambientes litorales y marinos, ni en una política de designación de espacios protegidos que garantice la conservación de los ecosistemas y de las especies que los integran.
La sobrecapacidad de la actividad pesquera tiene un grave impacto sobre el medio marino, desde los fondos a la cadena trófica, pero se sigue faenando en caladeros dañados explotando especies cuyas poblaciones están fuera de los límites biológicos de seguridad. Muchas veces la política de subsidios sirve de acicate a este proceso.
A lo largo de la próxima legislatura se debe ajustar el esfuerzo pesquero a los recursos disponibles, luchar firmemente contra la pesca ilegal, reducir el impacto de las artes más dañinas y menos selectivas, establecer reservas pesqueras, y promocionar un consumo responsable. La modificación de los criterios de gestión y consumo establecerá medidas que propicien la transparencia y la participación de los sectores sociales afectados. La actividad de la flota española en aguas internacionales y terceros países deberá regirse bajo criterios ambientales y de respeto a los derechos de las comunidades locales.
COMPROMISOS CONCRETOS:
- Crear
- Eliminar todos los emisarios submarinos y en general cualquier vertido contaminante al medio marino.
- Crear una red representativa de Áreas Marinas Protegidas.
- Reformar la política de subsidios pesqueros para que contribuya a la recuperación de los caladeros sobreexplotados y a la conservación del medio marino, y que sea sensible a las necesidades sociales.
- Erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
- Descartar las exploraciones y explotaciones petrolíferas en aguas de Alborán y Canarias.
POLÍTICA DE CONSERVACIÓN
CONSERVAR
España sufre un proceso rápido y sin precedentes de pérdida de diversidad biológica, en gran medida debido a la extracción y consumo de recursos naturales por encima de su tasa de renovación natural y a políticas económicas y sociales incompatibles con la conservación de la biodiversidad.
Entre otros factores, asistimos a un impulso muy significativo de la construcción de grandes infraestructuras, a la multiplicación de los desarrollos urbanísticos y a un constante crecimiento de la actividad socioeconómica que pesan gravemente sobre los recursos, espacios y especies naturales. Sin embargo en las administraciones públicas falta voluntad política para atajar el proceso, cuando no son ellas mismas quienes protagonizan las más graves agresiones.
Revertir esta tendencia exige desarrollar de forma inmediata (en este mismo año 2004)
Especial mención merece la elaboración de un Plan Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la red Natura 2000, que establezca directrices y criterios orientadores sobre la planificación y gestión de sus espacios y adopte las medidas de financiación pública precisas para garantizar su adecuada gestión, mantenimiento y conservación futura.
COMPROMISOS PROPUESTOS:
- Aplicar inmediatamente
- Declarar en esta legislatura los Parques Nacionales de Sierra de Guadarrama, Archipiélago de Chinijo, Monegros y Cabo de Gata.
- Aprobar y poner en práctica las Estrategias Nacionales para la recuperación de todas las especies en peligro de extinción, impulsar la aprobación de los correspondientes planes autonómicos, y elaborar un plan de lucha contra el veneno.
- Finalizar en 2004 el proceso de designación de LIC y ZEPA de la red Natura 2000, y desarrollar los correspondientes planes de gestión para 2008.
- Aprobar una ley de Evaluación Ambiental de proyectos, planes y programas.
POLÍTICA DE BOSQUES
APLICAR UNA GESTION SOSTENIBLE A NUESTROS BOSQUES
Es urgente detener la degradación y lograr la restauración de las masas forestales españolas. Para ello se necesita regular con criterios sostenibles la actividad forestal, priorizando la conservación de la diversidad y la mejora social de los trabajadores y comunidades locales mediante el impulso decidido por parte del gobierno a sistemas de gestión y certificación independientes reconocidos por la comunidad internacional como el FSC.
En la pasada legislatura se han aprobado una serie de herramientas de política forestal que suponen un avance pero que son claramente insuficientes para impulsar estos objetivos (Estrategia Forestal, Plan Forestal, Ley de Montes). En consecuencia deben articularse una serie de mecanismos concretos de gestión que aseguren la protección efectiva de nuestros bosques y promuevan la correcta aplicación de
Por otra parte, la influencia de España en la conservación de los bosques del mundo es enorme al tratarse de uno de los principales países importadores de madera. Sin embargo, una gran parte de esta madera es extraída, exportada e importada de manera ilegal a través de puertos y empresas españolas, por lo que el gobierno español debe comprometerse seriamente en erradicar este problema mediante la aplicación de medidas legales y de intervención en el mercado.
COMPROMISOS PROPUESTOS:
- Elaborar planes de lucha efectivos contra los incendios forestales, basados en la investigación de las causas sociales y naturales del fuego en cada región y condicionar las subvenciones para prevención de incendios a la investigación de causas por las Comunidades Autónomas.
- Aprobar de forma urgente un Plan de Acción contra
- Apoyar la certificación forestal FSC y lograr que al menos el 20% de los montes españoles tengan aprobados Planes de Ordenación Forestal o equivalentes, claramente orientados a la preservación y uso sostenible de la biodiversidad.
- Perseguir firmemente el comercio ilegal de madera en España, empezando por garantizar que las compras de madera de las administraciones y empresas públicas provengan de la explotación legal y sostenible de los bosques.
POLÍTICA DE RESIDUOS
PREVENIR ES LO PRIMERO
Reducir el volumen y la peligrosidad de los residuos que genera el funcionamiento de nuestra sociedad es hoy un objetivo imprescindible. Lograrlo supone cumplir la jerarquía de actuaciones recogida en toda la normativa existente, en la que la prevención es prioritaria. Para ello, se debe impulsar el empleo de los instrumentos económicos, financieros y fiscales que incentiven la prevención y apoyar la investigación y el desarrollo de procesos de producción limpia y menos generadores de residuos, así como aplicar sanciones estrictas en los casos de incumplimiento.
En el ámbito de la gestión se debe abordar urgentemente, con la participación de la sociedad, la reelaboración de un importante número de planes de acción, como por ejemplo el Plan de Residuos Peligrosos y los Planes de Residuos Urbanos, que comporten el establecimiento de objetivos ambiciosos en materia de prevención, reutilización y reciclaje.
Finalmente se activarán programas de concienciación ciudadana y pedagogía social que promuevan hábitos sostenibles sobre generación y gestión de residuos.
COMPROMISOS PROPUESTOS:
- Disminuir en un 20% para 2008 el peso de los residuos generados, con especial atención a la reducción de su peligrosidad.
- Fomentar la recogida selectiva y el compostaje con el objetivo de recuperar por estos medios un 60% de los residuos para 2008.
- Desechar la incineración como sistema de gestión de residuos, incluida la utilización de cementeras u otro tipo de instalaciones industriales.
- Realizar el sellado y restauración ambiental de todos los vertederos incontrolados y la creación de una red de vertederos adecuada y suficiente, de acuerdo con
POLÍTICA DE INDUSTRIA Y CONTAMINACIÓN
PRODUCIR CON EFICIENCIA Y SIN CONTAMINACIÓN
Resulta necesario poner en marcha una profunda reforma del aparato productivo basada en criterios de ahorro de recursos, sistemas de producción limpios y ecoeficientes, y el principio de "quien contamina paga". Para ello hay que dotarse de medios legislativos y económicos que estimulen su implantación y penalicen, llegando a la prohibición, los procesos de producción y servicios más despilfarradores y contaminantes. Así mismo, resulta esencial aprobar un marco legislativo sobre Responsabilidad Ambiental.
El objetivo es promover la fabricación de productos duraderos, reutilizables y de materias primas recuperables a través de procesos productivos sometidos al principio de precaución y a un estricto control de la contaminación y la eficiencia energética.
Sobre esa base se elaborará el Plan Nacional de Eco diseño y Ecoeficiencia y un Plan de eliminación de sustancias tóxicas y persistentes, realizando inventarios públicos de la producción y uso de estas sustancias y fomentando medidas de prevención que eviten el mantenimiento de procesos de contaminación (por ejemplo, el de los suelos).
COMPROMISOS PROPUESTOS:
- Reducir a lo largo de la legislatura la utilización de Compuestos Orgánicos Persistentes en un 50% con el horizonte de su eliminación total en 2010.
- Identificar en los distintos sectores objetivos precisos de reducción de recursos naturales empleados por unidad producida.
- Aprobar una ley de responsabilidad ambiental de las empresas y crear una fiscalía específica contra el delito ecológico.
- Mantener una base de datos pública con información sobre todas las emisiones contaminantes al medio ambiente.
POLÍTICA DE INFORMACIÓN
PROMOVER
Desde hace tiempo se viene produciendo un progresivo aislamiento de instituciones y partidos políticos con relación a los movimientos sociales y la sociedad en general (Prestige, PHN, Guerra de Irak...). Por ejemplo resulta significativa la no ratificación por el Gobierno español del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, a la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuya aplicación requiere una completa reforma legislativa para el pleno cumplimiento de sus objetivos.
Debe fomentarse la participación pública en todos los organismos de
COMPROMISOS PROPUESTOS:
- Crear una Agencia Estatal para el Desarrollo Sostenible, dependiente del Parlamento y encargada de la implantación y desarrollo de
- Reformar inmediatamente el Consejo Asesor del Ministerio de Medio Ambiente, asegurando una adecuada representación de las organizaciones ecologistas y los medios materiales y humanos necesarios para que desarrolle sus funciones.
- Potenciar el papel de las ONG ambientales como vehículos de participación y sensibilización ciudadana, apoyando su fortalecimiento mediante programas concretos.
- Ratificar el Convenio de Aarhus para garantizar el acceso de la sociedad y las ONG a la información generada por las Administraciones públicas y a los procedimientos judiciales relacionados con la protección y conservación del medio ambiente.
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